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Phoenix Mediossábado 20 abril, 2024
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El pacto que Nayib Bukele, el popular presidente salvadoreño, hizo con líderes pandilleros antes de asumir el poder por primera vez en 2019 ha vuelto a salir a la luz pública en el tribunal de Long Island, Nueva York, donde se ha celebrado la primera audiencia en el juicio contra la pandilla MS13. El único reo presente en la corte fue Elmer Canales Rivera, un jefe pandillero conocido como “Crook” al que el gobierno de Bukele ayudó a fugarse de una cárcel salvadoreña y fue recapturado por Estados Unidos a finales del año pasado.

Las partes formalizaron, durante la audiencia realizada el 17 de abril de 2024, una petición a la jueza Joan M. Azrack para que realice un juicio expedito en el caso de Canales Rivera, quien el 8 de diciembre pasado se declaró no culpable de cuatro delitos relacionados con una conspiración para apoyar, financiar y cometer actos de terrorismomás allá de fronteras nacionales. La próxima audiencia está programada para el 9 de julio.

Un investigador estadounidense consultado por Infobae consideró que la petición de un juicio expedito puede obedecer a que fiscales y defensores negociarán el tipo de evidencia que presentarán ante la corte, a que ambas partes tengan temor por la seguridad del imputado o a que esté en ciernes un pacto para que Canales Rivera acceda a una pena menor a cambio de información sobre otros líderes de la pandilla o sobre los funcionarios salvadoreños, incluidos los del gobierno de Bukele, con los que la MS13 hizo pactos de gobernabilidad.

Este caso arrancó en 2020, cuando el 16 de diciembre de aquel año, el gobierno de los Estados Unidos presentó ante la corte del distrito este de Nueva York, en Long Island, una acusación por delitos de terrorismo contra catorce líderes de la MS13 en El Salvador, incluido Crook, a quienes señala como los jefes máximos de la ranfla nacional, que es como en el argó pandilleril salvadoreño se conoce al grupo que ha dirigido a la pandilla desde principios de este siglo.

La Mara Salvatrucha 13 (MS13) es la pandilla más grande de Centroamérica y ha sido una de las más letales del continente americano. Nació a finales de los años 80 en California formada por inmigrantes salvadoreños primero y hondureños y guatemaltecos después y se extendió a esos países desde mediados de los 90 por las políticas de deportaciones masivas de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush.

En El Salvador, gracias al control absoluto de extensos territorios, la MS13 logró infiltrar la política nacional desde el gobierno de Antonio “Tony” Saca a finales de 2006 y luego pactó con las administraciones que le siguieron, incluida la de Bukele. Esos pactos permitieron a la pandilla extender su control de economías criminales como la extorsión, el sicariato, el narcomenudeo y el lavado de activos mientras hacían crecer las cifras de homicidios y desapariciones forzadas.

Entre los acusados en el distrito de Nueva York están todos los líderes históricos de la pandilla, quienes ya pasan de los 40 años y terminaron de consolidar su poder en las cárceles salvadoreñas. Además de Crook son acusados Borromeo Henríquez, alias Diablito de Hollywood; Ricardo Alberto Díaz, alias Rata de Leewards; Fredy Iván Jandres Parada, alias Lucky de Park View; y Saúl Antonio Turcios, alias Trece de Teclas, entre otros.

La mayoría de los MS13 reclamados por la justicia estadounidense en el caso estaban presos en cárceles de El Salvador cumpliendo condenas por homicidios, extorsión, asociaciones ilícitas y otros delitos.

A finales de marzo de 2022, luego de que la acusación contra los pandilleros se hizo pública por orden de la corte, la jueza Azrack, del distrito este de Nueva York, pidió al gobierno de los Estados Unidos que le explicara cuál era el paradero de los catorce miembros de la MS13 imputados. La fiscalía estadounidense respondió el 4 de abril: Doce de ellos estaban en El Salvador y Washington había pedido el 4 de junio de 2021 sus extradiciones por las vías diplomáticas correspondientes, pero, advertían los fiscales, la Corte Suprema salvadoreña no había avanzado en estos procesos. Más aún: algunos de los fugitivos habían sido liberados en El Salvador a pesar de que había noticias rojas de Interpol y peticiones de extradición; el responsable de las liberaciones, según la fiscalía neoyorquina: el gobierno salvadoreño, presidido por Nayib Bukele.

“Doce de los imputados, miembros de la ranfla nacional, estaban bajo custodia de El Salvador… el gobierno (fiscalía de Estados Unidos) informa a la corte que… se ha reportado que el Gobierno de El Salvador (GOES) liberó a cuatro de los acusados(Canales Rivera –el Crook-, Hugo Armando Quinteros Minero -alias “Flaco de Francis”-, Efraín Cortez –”Tigre de Park View” y Eduardo Erazo Nolasco –”Colocho de Western”-) a pesar de que había alertas rojas de interpol activas y de que Estados Unidos ha hecho solicitudes formales de extradición, las cuales siguen pendientes”, escribieron en su respuesta a la jueza Azrack los fiscales John J. Durham y James Donelly.

A la fecha, el gobierno de El Salvador no ha hecho efectiva la extradición a Estados Unidos de ninguno de los líderes de la MS13 solicitados por el tribunal de Nueva York. Desde el 1 de mayo de 2021, cuando inició la actual legislatura, Nayib Bukele ejerce control político absoluto sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la que dependen las extradiciones, y sobre la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de investigar y acusar en nombre del Estado.

Antes de la audiencia del 17 de abril pasado en Long Island en la que estuvo presente Élmer Canales Rivera, alias Crook, las partes en el caso, incluidas la defensa del pandillero, los fiscales y la jueza, habían acordado aplicar reglas federales de evidencia para proteger pruebas sensibles, que incluyen comunicaciones electrónicas, fotografías, audios y otros materiales que el imputado ha proveído o que le fue decomisado cuando fue arrestado en Ciudad de México en noviembre de 2023. Crook llegó hasta la capital mexicana tras huir de una cárcel salvadoreña ayudado por hombres de confianza de Bukele.

Un juicio que llega hasta la casa presidencial salvadoreña

A Crook, el jefe pandillero que se presentó uniformado y esposado a la corte de Long Island el 17 de abril pasado, el gobierno de Bukele no solo lo protegió de la extradición, también le ayudó a fugarse de El Salvador.

Investigaciones del periódico salvadoreño El Faro, basadas en declaraciones y documentos proporcionados por funcionarios salvadoreños y en pláticas con pandilleros, determinaron que Carlos Marroquín, secretario del presidente Nayib Bukele, había liberado a Crook de una cárcel salvadoreña y lo había ayudado a fugarse hacia la vecina Guatemala, donde su pareja sentimental se tomó fotografías que colgó en la red Facebook entre noviembre de 2021 y enero de 2022. El Faro también publicó un audio en el que Marroquín admite haber sido él quien ayudó a la fuga de Crook.

Carlos Marroquín es director de reconstrucción de tejido social de la presidencia salvadoreña desde que Bukele asumió el poder en junio de 2019. En diciembre de 2021, luego de la fuga del Crook, el gobierno sancionó a Carlos Marroquín y a Osiris Luna, viceministro de seguridad y jefe de cárceles de Bukele, entre otras cosas por facilitar un pacto de gobernabilidad entre la presidencia salvadoreña y la MS13. Marroquín y Luna, dijo Washington en esa ocasión, habían negociado en nombre de Bukele con los líderes pandilleros, entre ellos Crook.

Buena parte de las revelaciones periodísticas sobre el pacto, hechas por El Faro y otros, están basadas en investigaciones que hizo la fiscalía salvadoreña en colaboración con agencias policiales estadounidenses como el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y la Agencia Antidrogas (DEA) e incluso con policías locales en estados como Nueva York, Maryland, Virginia y Texas. Esos expedientes están abiertos al menos desde 2015, cuando de otra investigación sobre las finanzas de la MS13, conocida como Operación Jaque, se desprendieron pistas que llevaban hasta el entorno de Bukele, por entonces alcalde de la capital San Salvador.

Aquellos primeros indicios apuntaban a que colaboradores de Bukele, como Marroquín y Luna o Ernesto Sanabria, actual secretario de prensa de la presidencia, y Rolando Castro, ministro de trabajo, emprendieron a mediados de la década pasada contactos con la pandilla en nombre del bukelismo. Todos esos funcionarios, a excepción del presidente, han sido sancionados por Estados Unidos e incluidos en una lista de actores centroamericanos corruptos y antidemocráticos conocida como Lista Engel,

Infobae ha confirmado y contrastado durante meses los datos sobre el pacto pandillero en El Salvador. En entrevistas recientes, agentes estadounidenses y salvadoreños que participaron en aquellas pesquisas confirmaron que buena parte de la prueba presentada por los fiscales en Nueva York es la recopilada por ellos durante años en El Salvador y anexada a un expediente de investigación criminal conocido como Caso Catedral abierto por la fiscalía salvadoreña a finales de 2020, en el que también constan actos de corrupción atribuidas a algunos de los funcionarios que, en nombre del presidente Bukele, pactaron con la MS13 y el Barrio 18, la otra gran pandilla asentada en El Salvador.

La acusación a los 14 líderes de la MS13 en Nueva York es el resultado “de una investigación liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Departamento de Justicia”, dicen los fiscales en la carta en que explican a la jueza Joan M. Arzack que los pandilleros salvadoreños han sido blindados de la extradición por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña que controla Bukele.

Vulcano basó sus investigaciones en las que ya había hecho fiscales salvadoreños desde 2015 y que siguieron avanzando incluso cuando Bukele asumió la presidencia en 2019 pero no controlaba aún el Judicial o al Ministerio Público.

Las pesquisas sobre el pacto, que incluía beneficios carcelarios y de otra índole para los pandilleros a cambio de que redujeran los índices de criminalidad, llegaron a estar tan avanzadas que para finales de 2020 fiscales salvadoreños a cargo del caso incluso plantearon a su jefe de entonces, el fiscal general Raúl Melara, la posibilidad de arrestar a Marroquín y a Luna, los dos principales negociadores, según confirmó un agente estadounidense que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra manera. Al final, por la cercanía de las elecciones legislativas y municipales del 2021 en El Salvador, las autoridades del Ministerio Público desistieron de hacer efectivos esos arrestos.

Infobae intentó contactar a las autoridades actuales de la fiscalía salvadoreña pero no hubo respuesta.

En aquellas elecciones legislativas del 2021, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ganó una supermayoría en el congreso, lo que permitió al presidente nombrar un fiscal y una corte suprema justicia a la medida y, con ellos, enterrar las investigaciones del pacto pandillero, proteger a los líderes de la extradición e, incluso, facilitar la fuga de al menos cuatro de ellos según los escritos de los fiscales estadounidenses.

Aunque el fiscal bukelista en El Salvador aniquiló la investigación del pacto, el grupo estadounidense Vulcano continuó con el caso y, durante meses e incluso hasta fechas tan recientes como finales de 2023, entrevistó en El Salvador y en terceros países a exfuncionarios, víctimas, policías y e investigadores salvadoreños que tienen conocimiento de primera mano sobre cómo se negoció el pacto y qué implicaciones tuvo. Con esos datos y potenciales evidencias proporcionadas por el líder pandillero Élmer Canales Rivera, el Crook, después de su arresto, es que los fiscales estadounidenses han armado el caso contra la MS13 que hoy se ventila en Long Island, Nueva York.

El pacto de Bukele con las pandillas, sobre todo con la MS13, se fracturó en marzo de 2022, cuando tras un aparente desencuentro con el gobierno, los pandilleros asesinaron a 87 personas en un solo fin de semana. La respuesta de Bukele fue un régimen de excepción que limitó los derechos constitucionales de los salvadoreños y que ya dura más de dos años durante los que ha habido una baja sensible en los homicidios y la actividad criminal de las pandillas en las calles del país ha sido disminuida, pero, a la vez, el gobierno ha llenado las cárceles -El Salvador es el país con la mayor tasa de prisioneros en América, muy por encima incluso de los Estados Unidos- y ha sometido a miles de ciudadanos a procesos judiciales irregulares, a torturas carcelarias e incluso a morir bajo custodia del Estado.

Entre los que mejor librados han salido, aun con el régimen de excepción en pie, están los líderes históricos de la ranfla nacional de la MS13, quienes han podido salir con permisos especiales de las prisiones, siguen protegidos de la extradición o simplemente son fugitivos. Si Canales Rivera, el único pandillero que ha tenido que pisar la corte neoyorquina, corrió peor suerte fue solo porque los agentes estadounidenses de Vulcano, en colaboración con sus pares mexicanos, lo ubicaron en un barrio de la Ciudad de México y lograron llevarlo hasta Texas y de ahí a Nueva York.

Acaso sabedor de que aquello que el Crook aporte en la corte de Long Island puede ser dañino para la cuidada imagen de Nayib Bukele y sus allegados, el Estado salvadoreño, a través de agentes policiales, incluso intentó llevar de regreso al líder pandillero hasta El Salvador a través de un oscuro operativo clandestino que incluyó la posibilidad de extraerlo de México con la ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación según revelaron audios publicados por la prensa salvadoreña.

Al final, sin embargo, Elmer Canales Rivera, alias Crook, terminó en la corte de Long Island, Nueva York. Hoy se enfrenta a un proceso de juicio expedito en el que ya hay prueba aportada, incluidos audios, fotografías, videos y datos extraídos de las extensas investigaciones del pacto pandillero que no prosperaron en El Salvador.(I).


Phoenix Mediossábado 20 abril, 2024
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En Brasil el dólar ha pasado de 5,09 a 5,29 entre el 13 y el 16 de abril y en menos de un mes, el real brasileño se ha convertido en una de las monedas que más desvalorizaron en el mundo. Tanto es así que el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmó el jueves que la autoridad monetaria podría realizar nuevas intervenciones en el mercado brasileño de divisas para contener la subida de la moneda estadounidense. La última intervención en el mercado de divisas fue a principios de abril, cuando el Banco Central inyectó 1.000 millones de dólares en el mercado para contener la bajada del real. La próxima reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) está prevista para los días 7 y 8 de mayo. Las expectativas del mercado de un recorte del tipo de interés básico (Selic) disminuyeron, de 0,5 puntos porcentuales a 0,25. Causante de esta inestabilidad no es sólo el entorno internacional y la política monetaria estadounidense, sino la revisión de la meta fiscal en estos días

De hecho, el gobierno decidió revisar el objetivo fiscal para 2025 a un déficit cero en lugar de un superávit del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB). La revisión se produce poco más de siete meses después de la aprobación del nuevo régimen fiscal, el llamado “arcabouço”. “No es fácil, pero es la vida, la democracia, y tenemos que discutir estos casos con seriedad para continuar en mantener el equilibrio de las cuentas, para permitir que los tipos de interés bajen, para permitir que el crecimiento sea más robusto”, dijo el ministro de Economía, Fernando Haddad. Con este cambio en la meta fiscal, el gobierno podrá gastar aún más y aumentar la deuda pública. El Ministerio de Economía calcula que la deuda bruta al final del mandato de Lula, en 2026, podría alcanzar el 79,1% del PIB. Se trata de un aumento de más de siete puntos porcentuales en comparación con cuando el presidente asumió su tercer mandato en 2023, cuando la deuda era el 71,7% del PIB. Según datos del Tesoro Nacional, el ministro de Economía Haddad tendría que aumentar los ingresos en 296.000 millones de reales en 2025 y 2026, 57.000 millones de dólares, para cumplir las metas fiscales actuales.

Esta crisis que se ha desarrollado en los últimos días ha desencadenado inevitablemente también una alerta social. Porque si el escenario continuara en esta dirección, el impacto sobre la población podría ser muy fuerte, con una expansión de la pobreza y un fuerte crecimiento de las desigualdades sociales y una penalización incluso de la clase media, como los profesores que están en huelga desde hace días. “El proyecto de ley del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, aumenta los privilegios de los ya privilegiados jueces, fiscales y abogados, mientras los profesores universitarios y de secundaria están en huelga para exigir migajas”, escribe Eliane Cantanhêde en el diario O Estado de São Paulo. “Para la educación, recortes en nombre del ajuste fiscal. Para el poder judicial, hasta 42.000 millones de reales más al año (8.070 millones de dólares), con un aumento del 5% cada cinco años y sin respetar el tope salarial de la administración pública. El techo en Brasil está destinado a romperse”, detalló Cantanhêde.

Según datos publicados el jueves por el Instituto de Geografía y Estadística (IBGE), la renta mensual del 1% más rico es 40 veces superior a la del 40% más pobre. La renta media mensual real per cápita familiar – es decir, la renta media de una familia dividida por el número de personas que viven en ella – del 1% más rico de la población fue de 20.664 reales en 2023 (3.971 dólares), un aumento del 13,2% en comparación con la cifra observada en 2022, de 18.257 reales, unos 3.500 dólares. En cuanto a la renta media mensual del 40% más pobre, fue de 527 reales en 2023, es decir apenas 101 dólares.

El gobierno Lula, como hizo en mandatos anteriores (2003-2011), reacciona a los indicadores de miseria con la política de subsidios. Lo que surge de la foto tomada por el IBGE es la expansión del subsidio Bolsa Familia a segmentos más amplios de la población. El gobierno ha establecido un pago mínimo de 600 reales por familia (115 dólares), con un suplemento de 150 reales (29 dólares) por cada niño de cero a seis años, 50 reales (9,61 dólares) para las mujeres embarazadas, para el grupo de siete a 18 años y para los lactantes, para cubrir los gastos para los neonatos hasta seis meses de vida. De todas las familias brasileñas, el 19% recibió el subsidio Bolsa Família en 2023, es decir, casi una de cada cinco. Este es el porcentaje más alto jamás registrado y significa que 14,7 millones de familias viven actualmente de esta forma. En 2012, el porcentaje de familias con un beneficiario del programa Bolsa Família era del 16,6%. En 2019, el último año antes del estallido de la pandemia de Covid-19, el indicador fue del 14,3%.

El gobierno Lula, como hizo en mandatos anteriores (2003-2011), reacciona a los indicadores de miseria con la política de subsidios (EFE/Fernando Bizerra Jr/Archivo)

La pobreza en Brasil sigue asociada a otra cuestión importante, el hambre. El problema en estos momentos es que el país desconoce cuántas personas tienen realmente dificultades para alimentarse. Los últimos datos disponibles sobre inseguridad alimentaria en el gigante latinoamericano son de principios de 2022, durante el gobierno de Bolsonaro. Según la Red Penssan (la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria), el 28% estaba entonces en situación de inseguridad alimentaria leve, el 15,2% en situación moderada y el 15,5% en situación severa, lo que corresponde al hambre. Es decir 33 millones de personas, lo que suponía un aumento del 73% desde la anterior encuesta, realizada a finales de 2020. Hasta la fecha, el gobierno Lula no ha publicado ningún dato sobre su gestión de la lucha contra el hambre, aunque se ha comprometido a disminuir la cifra de 33 millones. Sobre todo, no ha fijado ningún objetivo concreto para 2023 debido, según dijo, a las “dificultades inherentes al proceso de planificación y reanudación de las políticas sociales durante el primer año de mandato”. Esta sería también la razón por la que el ministerio dice no haber publicado aún un informe. Sin embargo, basta con ir a un gran supermercado para comprobar que la cuestión del hambre sigue siendo una prioridad absoluta en el país. Las grandes redes de distribución siguen tirando toneladas de comida y sin poder donarla a ningún tipo de Banco de Alimentos como se hace en Europa porque nadie hasta ahora en el Congreso ha presionado para que se apruebe la llamada ley del Buen Samaritano, que elimina la responsabilidad civil y penal de los donantes en caso de que el receptor de la comida enferme o muera. Esta inercia impide a la industria alimentaria donar toneladas de alimentos, como las 139.000 que donó por ejemplo Italia el año pasado.

La paradoja es que Brasil es el mayor productor de alimentos del mundo. “El problema es el siguiente: Brasil es un gran productor de alimentos y tiene 33 millones de personas que padecen hambre. El hambre tiene múltiples causas y requiere estrategias científicas multidisciplinares”, explica Mariangela Hungria, investigadora de Embrapa, la Sociedad Brasileña de Investigación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, que acaba de publicar un libro titulado “Seguridad alimentaria y nutricional: el papel de la ciencia brasileña en la lucha contra el hambre”. “Este año tendremos una enorme caída de la producción debido a la sequía y al cambio climático. Debemos invertir en ciencia para tener plantas que resistan estas condiciones. Pero la lucha contra el hambre no es sólo cuestión de producción”, dijo Hungria. Las propuestas incluyen la inversión en agricultura sostenible y regenerativa para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos; la adopción de políticas de prevención de catástrofes y gestión de riesgos climáticos; incentivos para los pequeños agricultores; la adopción de una política de renta mínima para garantizar la seguridad alimentaria; y la inversión en educación en el campo.

Los más afectados por la pobreza son los niños, especialmente los que viven en las zonas rurales. Aunque la situación en Brasil ha mejorado en la última década, casi el 50% de los niños de hasta cinco años viven en la pobreza. Los datos se refieren a 2022, fueron publicados por el IBGE y complementan el informe titulado “Creación de sinergias entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el G20″. Por eso fue significativa la decisión del gobierno Lula de aumentar la financiación de las meriendas escolares, que en Brasil son una forma de garantizar la seguridad alimentaria de los niños. El ejecutivo ha impulsado revisiones que van del 28% al 39%, desde las guarderías hasta los institutos, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar, que ayuda a 40 millones de alumnos de escuelas públicas. El último ajuste se había realizado en 2017, bajo el gobierno de Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

El problema es que las medidas gubernamentales no van acompañadas de un seguimiento y una evaluación de los resultados. La cuestión de la merienda escolar, ya afectada en el pasado por importantes episodios de corrupción política, se convierte así en un problema en lugar de una oportunidad si no se vigila de cerca y se corrige cuando es necesario. Diversos sindicatos de profesores, como el Sinpro, denuncian en algunos estados de Brasil la escasez y baja calidad de los alimentos ofrecidos en los comedores. “Los estantes y congeladores de los almacenes escolares están prácticamente vacíos. La cantidad de arroz y frijoles es insuficiente, y ni siquiera hay mantequilla o queso para añadir al pan y al cuscús que se ofrecen diariamente, sin alternancia”, denuncia el sindicato. “No se proporciona carne roja, pollo, pescado, aceite, huevos, leche, pasta. Prácticamente todos los días hay carne de cerdo y llena de grasa”, dijo el director de Sinpro, Samuel Fernandes, durante una visita a las escuelas de Ceilândia y Taguatinga, dos comunidades pobres de la región del Distrito Federal donde se encuentra la capital, Brasilia. Sin embargo, en 2023 el gobierno del Distrito Federal recibió 130 millones de reales, 25 millones de dólares, para invertir en alimentación escolar.

Un empeoramiento ahora de las cuentas económicas del país – el ex secretario del Tesoro nacional Jeferson Bittencourt ha calculado un déficit de unos 100.000 millones de reales para 2025, 19.220 millones de dólares – podría empobrecer realmente sobre todo a los más necesitados, a pesar del anuncio de Lula en los últimos días de un aumento del salario mínimo para 2025 a 1502 reales, frente a los 1412 actuales, es decir un aumento de 17,5 dólares. Mientras tanto, los inversores extranjeros siguen abandonando la bolsa. En abril retiraron 7.700 millones de reales, unos 1.480 millones de dólares, lo que sumado a los meses anteriores da un total para 2024 de 5.900 millones de dólares que han salido del país. Y que la situación es crítica lo demuestra el pronto regreso de Washington del ministro de Economía Haddad por una reunión de urgencia convocada ayer por Lula en el palacio presidencial de Planalto a la que asistieron sus ministros y miembros de los partidos de su coalición con la intención de presentar un frente unido la próxima semana, cuando se discutirán en el Congreso el Presupuesto Anual y las Directrices Presupuestarias, así como asuntos cruciales, en primer lugar los proyectos de regulación de la reforma tributaria. También se tratará el aumento salarial de jueces, fiscales y procuradores, así como la cuestión de las exenciones fiscales para 17 sectores productivos y los municipios. El impacto de estas medidas en las cuentas públicas de 2024 podría alcanzar los 80.800 millones de reales, 15.528 millones de dólares según estimaciones del Ministerio de Economía. Haddad, desde Washington, donde asistía a reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, anticipó que el lunes hará importantes anuncios económicos.

Por su parte, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, calificó en sus redes sociales al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, de “mediocre” y “bolsonarista” por sus críticas a la política fiscal del gobierno. Para Hoffmann los comentarios del presidente del Banco Central “han creado una histeria especulativa infundada que sólo perjudicará la administración de las cuentas públicas”. “¿Para eso se le dio autonomía al Banco Central?”, escribió Hoffmann denigrando un gran logro de la democracia económica brasileña, que es precisamente la autonomía del Banco Central. Campos Neto terminará su mandato el primer de enero de 2025 y a CNN Brasil ya aconsejó que su sucesor “tenga la firmeza de decir no, cuando sea necesario”. Queda por ver a quién elegirá Lula para reemplazar a Campos Neto y si el sustituto aplicará una política monetaria expansiva sin contrarrestar la inflación, lo que podría agravar la crisis económica. En ese caso, el ya frágil sistema social brasileño podría debilitarse aún más.(I).


Phoenix Mediossábado 20 abril, 2024
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Casi tres años después de que una serie de suicidios cerraran el Vessel, la pieza central de 45 metros (150 pies de altura) del complejo Hudson Yards en Manhattan, el promotor del proyecto dijo el viernes que reabriría este año con nuevas medidas de seguridad.

La escultura en forma de colmena, con un laberinto de unos 2.500 escalones y 80 descansillos, se inauguró en 2019, junto con gran parte del resto de Hudson Yards, un reluciente desarrollo en Midtown West. No mucho después, en febrero de 2020, un joven de 19 años, Peter DeSalvo III, murió allí por suicidio.

Durante el año y medio siguiente, otras tres personas se suicidaron allí también, incluido un chico de 14 años en 2021, lo que llevó a los promotores a cerrar el acceso a las escaleras.

La atracción reabrirá una vez que se haya instalado una “malla de acero del suelo al techo” en varias escaleras, dijo Kathleen Corless, portavoz de Related Companies, el promotor de Hudson Yards. La medida preservará la “experiencia única que ha atraído a millones de visitantes de todo el mundo”, señaló la empresa en un comunicado. La reapertura, de la que informó por primera vez The New York Post, tendrá lugar en algún momento de este año.

Tragedias pasadas impulsan cambios significativos en la estructura del Vessel (EPA/PETER FOLEY)

El sábado 13 de abril por la mañana los turistas estiraron el cuello contra el viento frío para contemplar la enorme y descarada obra de arte. Aunque aún estaba cerrada, una mirada atenta a su tercera planta mostró una primera sección de los cambios que se avecinan: una malla negra parecida a una red de pesca.

Simon Pierre, de 37 años, profesor de secundaria de Montreal, dijo que le recordaba a las fábricas de China donde los propietarios instalaron redes tras una oleada de suicidios. “Es triste que sea necesario”, dijo. Teresa Vasilopoulos, de 64 años, que trabaja en servicios sociales en Toronto, se preguntó si, además de la red, podría ser útil un teléfono de atención al suicida. “Es una pena no tenerlo”, dijo.

Su amiga Darlene Boddy, higienista dental de 66 años, señaló que en el viaducto Prince Edward de Toronto también se habían instalado redes y un teléfono de ayuda al suicida. Dijo que la red “estropeaba la estética” y predijo que tendría un efecto similar en el Vessel.

El Vessel, creado por el diseñador Thomas Heatherwick y el estudio Heatherwick, constituye el corazón del proyecto Hudson Yards, que costó USD 25.000 millones y fue el mayor desarrollo privado de la historia de Estados Unidos cuando se inauguró. Pero incluso antes de que estuviera terminado, los críticos expresaron su preocupación por la seguridad.

Comparaciones internacionales surgen ante la introducción de mallas de seguridad en el Vessel (REUTERS/Mike Segar)

En 2016, Audrey Wachs, redactora asociada de The Architect’s Newspaper, escribió que “al subir a Vessel, las barandillas se mantienen justo por encima de la altura de la cintura hasta la cima de la estructura, pero cuando se construye alto, la gente salta”. A lo largo de los años, los ciudadanos también han pedido repetidamente que se instalen medidas de seguridad adicionales.

Tras el tercer suicidio en 2021, el Vessel cerró durante cuatro meses y volvió a abrir con seguridad triplicada y una norma que prohibía subir las escaleras sin acompañante. Pero los promotores se negaron a elevar la altura de las barreras a lo largo de las pasarelas de la escultura, algo que los miembros de la comunidad y una junta local de la comunidad habían estado presionando.

Dos meses después, el joven de 14 años murió. En aquel momento, un empleado del estudio Heatherwick dijo que había diseñado las barreras de seguridad y expresó su frustración por la resistencia de los promotores a instalarlas.

En una entrevista telefónica el sábado, Peter DeSalvo Jr, el padre de la primera persona que murió por suicidio, reprochó al promotor que no hiciera caso de las advertencias de los expertos ni aplicara medidas de seguridad tras su muerte. “Todas las muertes, incluida la de nuestro hijo, podrían haberse evitado si se hubieran tomado las medidas de seguridad adecuadas”, afirmó DeSalvo.

Críticas y seguridad: el debate que rodea al diseño del Vessel de Hudson Yards (Foto: Clint Spaulding/Getty Images)

Los cerramientos de malla de acero se añadirán a aproximadamente la mitad de la zona transitable de la atracción, con barreras en cuatro escaleras y plataformas contiguas, según informó Related Companies. Los dos primeros niveles permanecerán totalmente abiertos, mientras que el nivel superior permanecerá cerrado.

Justin Tavarez, de 22 años, que trabaja en una tienda Starbucks casi debajo del Vessel, dijo el sábado que recordaba la extasiada primera impresión que tuvo de la estructura cuando subió a ella poco después de su inauguración. Esa impresión se vio rápidamente atenuada cuando un compañero de trabajo le describió cómo había visto morir a alguien en la estructura.

La red “debería haberse hecho la primera vez”, dijo, y añadió: “en el mundo en que vivimos, claro que van a pasar cosas así”. Aun así, el Sr. Tavarez se mostró entusiasmado al saber que el Buque reabriría. “Sin duda subiré”, dijo. Para la familia DeSalvo, aunque esperaban que nunca ocurriera, la reapertura del buque parecía inevitable.

“Desearía que el buque se hubiera cerrado permanentemente tras la muerte de mi hijopara planificar barreras de seguridad adecuadas”, dijo la Sra. DeSalvo.

© The New York Times 2024


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La noche en que Azim Khamisa se enteró de que su hijo había sido asesinado en un robo fallido, cayó al suelo, acunándose contra un refrigerador.

“El dolor era tan insoportable”, recordó Khamisa, de 75 años. “Tuve esta experiencia extracorporal”.

Su hijo, Tariq Khamisa, era estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de San Diego y trabajaba como repartidor de pizzas en 1995, cuando cuatro pandilleros adolescentes intentaron robarle. Tariq Khamisa se defendió y se negó a darles la caja de pizza que tenía en las manos. Mientras se alejaba, un miembro de la pandilla, Tony Hicks, le disparó fatalmente con una pistola robada.

Apenas unas horas después de enterarse de la muerte de su hijo, mientras Khamisa yacía indefenso en el suelo, tuvo una epifanía.

Un mensaje vino de un poder superior, dijo.

“Había víctimas en ambos extremos del arma”, dijo Khamisa que se dio cuenta. “A veces, en un trauma y una tragedia profundos, tienes una chispa de claridad”.

Y así, Azim Khamisa hizo lo que la mayoría de la gente ni siquiera intentaría: encontró una manera de perdonar (y luego hacerse amigo) del asesino de su hijo.

Tariq Khamisa, a la izquierda, con su padre, Azim Khamisa, en una fotografía sin fecha. (Foto de familia)

Khamisa, que practica la meditación y el sufismo, una práctica religiosa mística dentro del Islam, consideró que, aunque Hicks cometió un acto espantoso, él solo no era el culpable de la muerte de Tariq.

“No fue un niño de 14 años el enemigo que mató a mi hijo, fueron las fuerzas sociales las que lo causaron”, dijo Khamisa. “El verdadero culpable es que no hemos abordado por qué los jóvenes quedan al margen y se involucran en pandillas, drogas y alcohol, y perdemos a tantos niños”.

Khamisa se propuso cambiar eso.

Nueve meses después de la muerte de su hijo, Khamisa fundó la Fundación Tariq Khamisa para ayudar a crear escuelas y comunidades más seguras y evitar que los adolescentes recurran a la delincuencia. Era una forma de honrar el legado de su hijo y darle más sentido a su corta vida.

“No quería ir por la vida enojado, lleno de odio y resentimiento. Porque si te quedas así ¿a quién le haces daño? Tú mismo”, dijo Khamisa. “El perdón puede crear paz. …Necesitamos alejarnos de esta mentalidad punitiva y volvernos restaurativos”.

Khamisa describió a su hijo como “un alma vieja en un cuerpo joven con un gran sentido del humor” y dijo que quería convertirse en fotógrafo. Tenía 20 años y estaba comprometido para casarse.

Tariq Khamisa, que tenía 20 años cuando fue asesinado, aspiraba a convertirse en fotógrafo. (Cortesía de la Fundación Tariq Khamisa)

Siete años después de su muerte, la prometida de Tariq, Jennifer, se quitó la vida.

“Ella nunca pudo recuperarse”, dijo Khamisa.

El plan de Khamisa para perdonar a Hicks se puso en marcha unos meses después del tiroteo cuando conoció al abuelo de Hicks, Ples Felix, en la oficina del abogado defensor de Hicks. Khamisa le pidió a Félix que lo ayudara a llevar a cabo su misión a través de la Fundación Tariq Khamisa. Félix estaba a bordo.

Durante los últimos 28 años, esta improbable pareja ha hablado en cientos de asambleas y eventos escolares, así como en prisiones. En diversos foros han contado la trágica historia que los unió.

“Creo que todos, en algún momento, tenemos que aprender a perdonar”, dijo Khamisa. “Si tuviéramos suficientes personas que perdonaran, eso cambiaría la sociedad”.

Khamisa también buscó conectarse con Hicks poco después del asesinato para perdonarlo cara a cara.

Hicks, que entonces cursaba octavo grado, se convirtió en la persona más joven en California en ser juzgada como adulta y fue sentenciada a entre 25 años y cadena perpetua. Inicialmente, cuando Khamisa solicitó reunirse con él y expresarle su perdón, Hicks se negó.

“No era algo con lo que me sentía cómodo, pero era algo que sabía que debía hacerse en algún momento”, dijo Hicks, ahora de 43 años. “No sentía que mereciera ser perdonado por lo que había hecho”.

Hicks tuvo dificultades para procesar sus emociones, dijo. Se sintió entumecido.

“La prisión, muchas veces, no es propicia para tener estas epifanías emocionales sobre la vida”, dijo.

Cinco años después del tiroteo, Hicks se sintió preparado para conocer a Khamisa. Se sentó frente a él en la prisión estatal de Folsom en California y hablaron durante seis horas.

“Esa fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido con alguien”, dijo Hicks, y agregó que Khamisa le preguntó sobre la noche en que asesinó a su hijo y las circunstancias que lo llevaron a apretar el gatillo.

La madre de Hicks lo dio a luz cuando ella tenía 14 años. Su padre no estaba en su vida.

“Vengo de lo que se consideraría un entorno pandillero”, dijo Hicks, quien se unió a una pandilla en sexto grado. “La mayoría de los miembros de mi familia estaban involucrados en pandillas”.

La madre de Hicks lo envió a vivir con su abuelo cuando tenía nueve años, y “despacharme me hizo sentir como si me estuvieran abandonando”, dijo.

El día que Hicks mató a Tariq, éste se había escapado de la casa de su abuelo en San Diego. Su abuelo era estricto, lo que supuso una transición difícil desde el enfoque menos intervencionista de su madre en la crianza de los hijos.

“Lo que pasaba por mi cabeza era mucho dolor e ira”, dijo Hicks. “Estaba enfocada en mantener las últimas relaciones familiares que sentía que tenía en mi vida; Esos eran mis amigos en ese momento y los muchachos con los que corría”.

Cuando sus compañeros de pandilla lo instaron a apretar el gatillo esa noche, “no lo pensé en absoluto”, dijo.

Mientras Hicks hablaba, Khamisa dijo que sentía una conexión con él.

“Lo estaba mirando a los ojos y él sostuvo mi mirada durante lo que pareció un momento incómodo”, dijo Khamisa. “Pude trepar por sus ojos y tocar su humanidad”.

Al final de la conversación, Khamisa le dijo a Hicks que lo perdonaba. También lo animó a participar en la Fundación Tariq Khamisa tras su liberación.

“El perdón puede ser muy liberador”, dijo Khamisa, explicando que cuando salió de la prisión ese día, se sintió notablemente más ligero.

Hicks dijo que también se sentía más ligero.

“Ningún adulto en mi vida habló del perdón de esa manera”, dijo. “La capacidad de Azim para perdonarme me brindó el espacio para comenzar a perdonarme a mí mismo y perdonar a aquellas personas en mi vida que me lastimaron”.

Hicks dijo que su autoexamen fue lento y doloroso.

Mientras estuvo en prisión, Hicks se mantuvo en contacto con Khamisa. Y después de un tiempo, la hija de Khamisa también se acercó a Hicks.

Le tomó 20 años luchar con la agonía de perder a su hermano, pero al igual que su padre, Tasreen Khamisa llegó a comprender que Tariq no era la única víctima del tiroteo.

Pronto, Tasreen Khamisa, de 51 años, empezó a tener llamadas semanales con Hicks mientras estaba en prisión. “Sentí una gran responsabilidad de asegurarme de que Tony también tuviera la oportunidad de sanar y encontrar su propósito”, dijo.

El abuelo de Hicks y los Khamisa se convirtieron en su sistema de apoyo mientras estuvo encarcelado. Pasaron años presionando por su liberación.

“Mi actitud hacia el comisario fue: Tony tiene trabajo que hacer, y ese trabajo no está tras las rejas”, dijo Azim Khamisa. “El comisionado se sintió muy conmovido porque el padre y la hermana de la víctima abogaron por la liberación del delincuente”.

Después de 24 años de prisión, a Hicks se le concedió la libertad condicional y fue puesto en libertad en 2019 a los 38 años.

“Ese fue un resultado sorprendente”, dijo Azim Khamisa.

Desde su liberación, Hicks, que ha desarrollado una relación más sólida con sus padres en los últimos años, ha formado parte de la junta directiva de la Fundación Tariq Khamisa y habla en conferencias y escuelas sobre la historia de su vida. Anima a los estudiantes a evitar el camino que él tomó y les recuerda que pueden cambiar el curso de sus vidas.

Hicks también es plomero y dijo que está reconstruyendo su vida.

“Ha sido un proceso muy lento”, dijo. “Me está yendo muy bien en los últimos cinco años”.

Gran parte de eso se debe a los Khamisas, a quienes considera familia.

“La familia no siempre es sangre”, dijo Hicks.

Los Khamisa dicen que Hicks se ha convertido en un miembro importante de su familia.

“Lo veo como a un hijo”, dijo Azim Khamisa.

“Siento que es mi hermano del alma”, dijo Tasreen Khamisa, directora ejecutiva de la Fundación Tariq Khamisa.

A menudo, Azim Khamisa coloca una foto de Tariq frente a él mientras cena. Enciende una vela junto a su hijo.

“Hablo con él y él me responde”, dijo Azim Khamisa.

Tariq le dice que está orgulloso de su decisión de perdonar y que ha inspirado a otros a hacer lo mismo.

“Sé que en el futuro, Tariq y Tony se encontrarán mano a mano”, dijo Azim Khamisa.

© 2024, The Washington Post


Phoenix Mediossábado 20 abril, 2024
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Todos los líderes de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria y el Líbano fueron abatidos en el ataque sobre el consulado de Irán en Damasco el pasado 1 de abril, según reveló este sábado la cadena de televisión Bloomberg, que señaló también que eran “altos oficiales, fundamentales para las actividades de Hezbollah en la región”.

En los informes se destacan dos nombres entre los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán abatidos aquel día -el general Mohammad Reza Zahedi y su adjunto, Mohammad Hadi Rahimi– mientras que datos de entonces del Observatorio Sirio de Derechos Humanos habían mencionado a Reza Zahedi, jefe regional de la Fuerza Quds.

Tanto Rahimi como Zahedi, agregó Bloomberg, se encontraban en el edificio del consulado, al lado de la embajada, ya que consideraban que se trataba del lugar “más seguro” en toda la capital siria. Inclusive, poco antes del bombardeo, se había debatido la mudanza de la residencia del Embajador y el Cónsul a un complejo en la misma cuadra, donde también viven dos de los hermanos del dictador sirio Bashar Al Assad, aunque tras una reunión con los miembros de la Guardia se concluyó que no sería necesario.

Mohammad Reza Zahedi fue uno de los abatidos en el ataque en Damasco

El bombardeo a la sede diplomática en el barrio de Mazeh ocurrió en medio de las tensiones que Israel mantiene con los grupos terroristas proiraníes en Medio Oriente que, a diario, lanzan ataques contra su país en apoyo a la guerra del grupo terrorista palestino Hamas. No obstante, la ofensiva nunca fue reivindicada por Tel Aviv, que mantuvo el silencio en todo momento.

Imágenes de aquel día mostraron el edificio reducido a escombros y humo saliendo del sitio, ante lo que el régimen persa prometió una importante venganza, que no tardó en llegar. El pasado 13 de abril, las Fuerzas de Defensa confirmaron en horas de la noche que “decenas de drones” habían sido lanzados desde puntos varios de Irán y se dirigían hacia su territorio. Se trató del primer ataque directo del régimen al Estado judío.

De inmediato se activaron todos los sistemas de seguridad propios y de los aliados, que permitieron contener este episodio y evitar que se convierta en una escalada más “grave y peligrosa”. Del total de los 300 drones y misiles balísticos y de crucero, Israel logró interceptar el 99 por ciento, resultando daños menores en una base militar en el sur y heridas leves en una niña palestina.

Irán lanzó drones y misiles contra Israel días después del bombardeo al consulado en Damasco

No obstante, un alza en la tensión en la región fue inevitable, con funcionarios de Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, abogando por un cese de las hostilidades directas entre los países. Irán “llevó a toda la región al borde del abismo” pero “a nadie le interesa una escalada significativa” que “sólo ahondaría la inseguridad en Medio Oriente”, aseguraron funcionarios británicos.

Cinco noches después, desde Irán aseguraron que Tel Aviv había lanzado una operaciónsobre su base aérea militar cercana a Isfahan, en el centro del país. Asimismo, esa misma semana, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, apuntó contra Irán en el plano diplomático y pidió a 32 países que impongan sanciones contra el programa de misiles del régimen y designen a la Guardia Revolucionaria como una “organización terrorista”.

(Con información de EuropaPress)


Phoenix Mediosviernes 19 abril, 2024
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Novedades en el juicio a Daniel Sancho. La sesión de este viernes, para la que estaba prevista la declaración de los primeros abogados y traductores del acusado entre otros testigos, ha estado marcada por la presentación de nueva documentación en la que los abogados de la familia de Edwin Arrieta cuantifican en 760.000 euros el “daño económico” causado por el crimen del colombiano.

En el informe presentado ante la Corte de Koh Samui y al que ha tenido acceso Infobae España, los letrados que ejercen la coacusación contra Daniel Sancho detallan que los padres de Edwin se encuentran en “situación de pobreza” porque “dependían” de su sueldo, que “superaba los 10.500 euros mensuales”.

En concreto, Arrieta tuvo unos ingresos brutos de 234.529.000 pesos colombianos o 57.617 euros en el ejercicio de 2021 y de 87.267.000 pesos colombianos o 21.439 euros en 2022 por “actividades ordinarias” en su empresa de cirugía plástica. Además, percibía de empresas externas 23.460.500 pesos colombianos o 5.726 euros al mes.

Solicitan una indemnización de 410.000 euros

Los letrados de la coacusación han llegado a la cifra de 760.000 euros al calcular el dinero que Edwin no podrá aportar a su familia, teniendo en cuenta que tenía 44 años en el momento de su muerte y la esperanza de vida media en Colombia alcanza los 73 años. Pese a estos cálculos, el abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, ha aclarado a Infobae España que la solicitud de indemnización continúa siendo de410.000 euros.

El informe de los letrados también destaca que “la salud de los padres era óptima hasta el fallecimiento de su hijo (sin considerar los problemas visuales del padre), agravándose en la actualidad con cuadros depresivos, ansiedad y terrores que les hacen enfermar con asiduidad y requerir tratamientos médicos”.

Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga, padres de Edwin, iban a ser los únicos dos testigos en el juicio propuestos por el equipo jurídico de la familia de la víctima. Con su declaración buscaban, precisamente, acreditar que desde su asesinato atraviesan una complicada situación económica, ya que Edwin era el “sustento” de los ingresos de la familia.

Tal y como adelantó Infobae España, la Corte de Koh Samui rechazó su comparecencia días antes del comienzo de la vista oral. El tribunal alegó una falta de “medios técnicos” para llevar a cabo su declaración por videoconferencia, además de la diferencia horaria entre Colombia y Tailandia, que es de 12 horas.

Ante esta decisión, la Corte de Koh Samui dio dos alternativas a los abogados de los Arrieta: que acreditaran mediante prueba documental el sustento económico que ejercía Edwin en su familia, o bien que otra persona de la familia pueda testificar en lugar de los padres. Tras la presentación del informe este viernes, Lak, integrante del equipo jurídico de la familia Arrieta en Tailandia, será la encargada de testificar sobre este asunto ante el tribunal.(I).


Phoenix Mediosviernes 19 abril, 2024
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Las operaciones de siembra de nubes llevadas a cabo por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el objetivo de combatir la escasez de agua, podrían haber causado las lluvias torrenciales e inundaciones generalizadas en su capital, Dubái

Esta nación desértica, que inició sus operaciones de siembra en 2002, enfrenta ahora los retos de gestión de lluvia debido a la falta de infraestructura de drenaje adecuada en muchas áreas

El Centro Nacional de Meteorología (NCM) del Estado del Golfo activó aviones para sembrar nubes sobre las formaciones de nubes convectivas un par de días previos a las tormentas.

Estas operaciones, realizadas desde el aeropuerto de Al Ain y con drones especiales,buscaban aumentar las precipitaciones liberando partículas como cloruro potásico en la atmósfera, que funcionan como núcleos de condensación para la formación de gotas de lluvia.

A pesar de las afectaciones, Dubái declaró que estas lluvia eran de “bondad”. REUTERS/Amr Alfiky TPX IMAGES OF THE DAY

Ahmed Habib, meteorólogo especializado, confirmó a Bloomberg que en los últimos días se efectuaron siete misiones de siembra de nubes, lo que habría contribuido a la generación de las intensas lluvias observadas.

Este fenómeno ha desencadenado una serie de efectos en la vida cotidiana de los residentes y en la infraestructura crítica. Las redes sociales se llenaron de imágenes y vídeos del aeropuerto de Dubái, que sufrió inundaciones que obligaron a suspender las operaciones aéreas durante 25 minutos.

A pesar de los daños materiales y las complicaciones causadas por las inundaciones, la oficina de prensa de Dubái describió estas lluvias como “lluvias de bondad”, subrayando el papel crucial que juegan en la mitigación de los efectos del calentamiento global, que amenaza con aumentar las muertes relacionadas con el calor en los EAU.

En este contexto, las actuales inundaciones plantean interrogantes sobre la sostenibilidad y los riesgos de la siembra de nubes como solución a largo plazo para la seguridad hídrica en los EAU.

La tormenta paralizó por completo las actividades de la ciudad. REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

También subraya la importancia de desarrollar infraestructuras de drenaje y gestión de aguas pluviales capaces de adaptarse a las nuevas realidades climáticas.

¿Realmente funciona la siembra de nubes?

Autoridades del Centro Nacional de Meteorología del país indicaron que las recientes lluvias no estuvieron vinculadas con actividades de siembra de nubes, reportó CNN.

Aún si los aviones utilizados en el programa de siembra de nubes hubieran volado previo a la tormenta, es bastante improbable que dichos esfuerzos hayan tenido como resultado una cantidad de lluvia superior a la esperada de forma natural.

“¿Cómo saber cuánta precipitación de esa nube se debe a la siembra? ¿O cuánta habría caído sin la siembra?”, dijo Daniel Swain, científico del clima de la UCLA, al medio. “Este no es un escenario en el que se pueda hacer un experimento verdaderamente controlado”.

Los científicos han realizado esfuerzos en este campo. Un estudio del 2020, divulgado en la revista Proceedings of the National Academies of Sciences, sugería que un experimento específico de siembra de nubes podría haber incrementado la lluvia en un 10% más de lo que se habría obtenido naturalmente.

No obstante, sigue habiendo dudas dentro de la comunidad científica. Swain destacó la importancia de llevar a cabo investigaciones controladas que confirmen si la siembra de nubes fue realmente responsable de un aumento significativo en la precipitación.

Riesgos de la siembra de nubes

La siembra de nubes es un método que busca aumentar la lluvia dispersando sustancias en las nubes, como sales, para estimular la precipitación. Aunque parece una solución para la escasez de agua, conlleva riesgos.

Por ejemplo, puede alterar los patrones de lluvia en áreas no destinadas a recibir agua, afectando tanto a la flora y fauna locales como a la agricultura. Además, el uso excesivo de químicos podría tener impactos negativos en la calidad del agua y la salud ambiental. Estos factores hacen que su aplicación deba ser cuidadosa y considerada.(I).


Phoenix Mediosviernes 19 abril, 2024
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La muerte de la estudiante Bárbara Prieto, de 24 años, mientras iba caminando hacia el Instituto de Formación Docente de Rivera (al norte de Uruguay) generó una fuerte conmoción en el país. La mujer fue abordada por un hombre que se le acercó en bicicleta y la atacó por la espalda. Hubo forcejeos entre ellos, hasta que la terminó llevando a un baldío. Allí, la joven fue agredida sexyaknebte y su cuerpo quedó tirado entre las malezas, boca abajo y semidesnudo.

Bárbara murió en ese descampado y el asesino fue encontrado rápidamente. La Justicia lo imputó por homicidio muy especialmente agravado y femicidio y deberá estar en 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Tanto en su salida de la sede judicial como en su llegada a la cárcel, el asesino, de 20 años, recibió un fuerte repudio.

La joven Bárbara Prieto, de 24 años, que fue asesinada en Rivera (Uruguay) (Hora Uno)

Cuando salió de la sede judicial, decenas de personas que estaban detrás de un vallado comenzaron a reclamar a los gritos “justicia”. “Te están esperando, hijo de puta”, se escucha decir en un video publicado por el medio local Hora Uno.

Cuando llegó a la cárcel de Cerro Carancho, el resto de los presos que estaban allí comenzaron a gritarle apenas lo vieron ingresar. Hubo abucheos y amenazas para el joven. “Matalo a palo”, es uno de los gritos que se escucha en un video que se hizo viral.

Tras la viralización de los videos, la Jefatura de Policía de Rivera concluyó que “la comunidad carcelaria está agitada”, consignó El País.

Familiares, amigos y compañeros de clase de Bárbara Prieto la acompañaron en el último adiós (Hora Uno)

En estos casos, se suele aislar momentáneamente al preso que es amenazado del resto de las personas que están alojadas. Sin embargo, en este caso la decisión fue distinta. Tras las amenazas, el Ministerio del Interior decidió enviar al asesino a otra cárcel fuera del departamento por motivos de seguridad.

La muerte

La fiscal del caso, Alejandra Domínguez, informó en una conferencia de prensa que la víctima tenía varias heridas que evidenciaban su pasó por “sufrimientos innecesarios” antes de morir. “Se formalizó por femicidio porque previamente existió una agresión sexual”, aseguró, aunque prefirió no entrar en detalles.

Antes, sin embargo, el jefe de la Policía Nacional, José Azambuya, había declarado que la primera hipótesis que manejaron es que la mujer fue violada antes de ser asesinada.

El asesino y Bárbara no tenían ningún vínculo previo. “Lamentablemente ella estaba en el momento y en el lugar equivocado cuando se encontró a una persona que tiene un total desprecio por la vida”, declaró Domínguez. La pareja de la joven fallecida es un policía que estaba en Montevideo en el momento del crimen.

El delito que cometió el joven tiene una pena que va de 15 a 30 años de prisión, pero la Fiscalía puede pedir que se amplíe la condena a otros 15 años.

La víctima estaba a dos materias de recibirse de maestra. La directora del instituto en el que estudiaba, Julia Brasil, la recordó como una “chica maravillosa”, “muy responsable” y “alegre”. “Era una chiquilina que realmente se veía que tenía vocación para el magisterio, que sentía placer en el trabajo con los niños”, comentó.

También era cristiana y formaba parte de una comunidad evangélica. El pastor Nélson Da Rosa repudió la “crueldad” con la que la asesinaron. “Estamos consternados, muy tristes, también indignados. De verdad a uno le duele mucho porque es como una hija”, comentó.

La activista Andrea Tuana, de la ONG El Paso, expresó también su preocupación por este femicidio y dijo a Subrayado que es necesario incluir el tema en la agenda de gobierno y de los políticos.

Tuana dijo que son ocho los femicidios contabilizados en lo que va de 2024.(I).


Phoenix Mediosviernes 19 abril, 2024
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Un hombre se prendió fuego este viernes frente al tribunal donde el ex mandatario estadounidense Donald Trump está siendo juzgado en Manhattan, informó la Policía de Nueva York.

Reporteros de televisión señalaron que el incidente ocurrió momentos después de que el panel completo de 12 miembros del jurado y seis suplentes fuera anunciado para el juicio de Trump en un caso de encubrimiento de dinero secreto.

“Un varón se prendió fuego en el exterior del Tribunal Supremo. Todavía estamos recabando detalles sobre el terreno”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Los bomberos no respondieron a un pedido de comentarios de AFP, pero los medios de comunicación informaron de que el hombre había sido trasladado para que reciba tratamiento médico. Periodistas de la cadena CNN señalaron que el olor a humo y a carne humana quemada permanecía en el aire minutos después del incendio.

El hecho se produjo en un parque situado frente al número 100 del juzgado de Centre Street, que ha sido utilizado por las autoridades para mantener en orden a manifestantes, tanto pro-Trump como anti-Trump, así como por algunos miembros de los medios de comunicación.

El juicio penal de Trump, el primero de un ex presidente, se está celebrando en medio de fuertes medidas de seguridad en una sala de la planta 15 repleta de agentes del Servicio Secreto, así como de la policía judicial. El departamento de policía de Nueva York había prometido un gran despliegue para garantizar que el juicio transcurra con seguridad, y el jefe de inteligencia del cuerpo, John Hart, lo calificó de “gran desafío.”

Trump, que busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, está acusado de encubrir dinero pagado a una ex actriz porno para comprar su silencio en la recta final de la campaña electoral de 2016, en la que resultó victorioso.

Donald Trump habló a la prensa desde el Tribunal Supremo del Estado en Manhattan, en Nueva York, este 19 de abril de 2024 (Curtis Means/REUTERS)

El juez Juan Merchan dijo que una vez concluida la selección del jurado, los argumentos de apertura del juicio podrían empezar el lunes.

El magnate republicano, primer ex presidente en sentarse en el banquillo para un juicio penal, se ha declarado no culpable de los cargos.

Ocupado con el juicio en plena campaña, Trump se dice víctima de una “caza de brujas”orquestada por los demócratas para impedirle volver a la presidencia de Estados Unidos. En las últimas encuestas se encuentra muy igualado con el presidente demócrata Joe Biden para los comicios del 5 de noviembre.

Se espera que el juicio en el Tribunal Supremo de Manhattan dure unas seis semanas durante las que desfilarán testigos como el ex abogado y ex mano derecha del magnate, Michael Cohen, que puso de su bolsillo los 130.000 pagados a la ex actriz Stormy Daniels. Según la acusación, Donald Trump se los devolvió haciéndolos pasar como gastos legales de su empresa.

Si es declarado culpable, podría enfrentarse a la cárcel, pero lo más probable es que se le imponga una multa. El veredicto del jurado debe ser unánime.

(Con información de AFP y Reuters)


Phoenix Mediosjueves 18 abril, 2024
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Ecuador vive este jueves con cortes de electricidad de hasta 13 horas, una medida provocada por la reducción de la energía hidroeléctrica generada debido a la sequía y que llevó al Gobierno a pedir, sin mucho éxito, que se suspendieran las jornadas laborales.

Los embalses registran niveles de almacenamiento alarmantes en vísperas de la celebración de un referéndum vinculante sobre las medidas que plantea el presidente Daniel Noboa para tratar de atajar la creciente violencia ligada al narcotráfico.

El movimiento en las grandes estaciones de transporte urbano de Quito era el usual, a pesar del pedido del Gobierno. Los autobuses partían hacia varios puntos de la capital sorteando la falta de semáforos en algunos sectores, donde desde las 07H00 locales (12H00 GMT) se había suspendido el servicio eléctrico.

Los cortes se iniciaron el domingo sin aviso, por períodos más cortos, pero se han ido alargando con el paso de los días.

“Ayer me quitaron desde las ocho hasta las once (de la mañana) y es el tiempo que se necesita para trabajar. Hoy con ocho horas (de suspensión) va a ser peor, nos afecta un montón”, dijo a la agencia AFP Segundo Guacho.

El hombre de 45 años es propietario de un negocio de alquiler de computadoras en el centro de Quito y sostiene que en tres días ha perdido cerca de 200 dólares de ingresos por la interrupción del servicio.

Un hombre se encuentra en las orillas expuestas del embalse de Mazar, en la provincia de Azuay (AP Foto/Xavier Caivinagua)

El Ejecutivo suspendió estos jueves y viernes la jornada laboral en los sectores público y privado, así como las clases, tras anunciar que los embalses Mazar (el más importante) y Paute, ambos en el sur andino, están en “condiciones críticas” al registrar niveles de almacenamiento de 0% y 4%, respectivamente.

El caudal en la mayor central hidroeléctrica, Coca Codo Sinclair (norte amazónico), con capacidad de generar 1.500 MW de potencia para cubrir 30% de la demanda nacional, es un 60% del promedio histórico.

Denuncia del Gobierno

El secretario de la Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Izurieta (EFE)

El secretario de la Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Izurieta, aseguró este jueves que existen sospechas de que el embalse de Mazar, el de mayor capacidad del país, se vació presuntamente de manera deliberada para agudizar la crisis energética en los días previos al referéndum convocado por el Gobierno sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.

Izurieta comentó en una entrevista con el canal Teleamazonas que “se abrieron las compuertas” de la presa del embalse de Mazar y “dejaron correr el agua”, hasta dejarlo sin el nivel suficiente para que se pueda operar un complejo de tres centrales hidroeléctricas con una potencia en conjunto de más 1.700 megavatios, aproximadamente más de una cuarta parte de la demanda nacional de electricidad.

El embalse se encuentra en el río Paute, dentro de la sureña provincia andina de Azuay, y puede almacenar hasta 410 millones de metros cúbicos de agua.

Sin esa infraestructura operativa y con el suministro de electricidad procedente de Colombia también suspendido, Ecuador afronta este jueves apagones programados de hasta ocho horas de duración, por lo que el Gobierno ha suspendido la jornada laboral y las clases escolares tanto para este jueves y viernes.

La situación no es nueva, pues a finales del año pasado ya tuvieron que aplicarse apagones para racionar la electricidad con una duración diaria de hasta cuatro horas, la mitad que en este nuevo episodio.

Izurieta indicó que estas sospechas sobre el embalse de Mazar, situado en la sureña provincia andina de Azuay, alimentan la denuncia presentada el martes por el Ejecutivo ecuatoriano contra veintidós personas por presunto sabotaje del sector eléctrico.

Entre los denunciados está la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, que el pasado viernes aseguraba que no habría apagones a corto plazo, algo que comenzó a darse sin previo aviso dos días después en varias zonas del país.

“Existen denuncias sumamente graves de lo que pasó en los últimos días. La alerta fue dada solamente un día antes, cuando debería haberse dado al menos una semana antes”, señaló Izurieta.

“Si a eso le sumamos todo lo que afectó al sector eléctrico, nos hacen pensar claramente que fueron parte de acciones coordinadas para producir que Ecuador esté viviendo lo que está viviendo una semana antes de la votación (del referéndum)”, agregó.

El portavoz del Gobierno comentó que “en el área energética es donde han existido históricamente la mayor cantidad de denuncias de corrupción (en Ecuador)”.

“Hemos tenido una política energética en los últimos veinte años que no se ha adaptado a las crisis climáticas y hemos dependido de una sola cuenca de agua que está afectada al menos una vez al año, y ahora vemos que hasta dos veces”, señaló.

Izurieta aseguró que no están previstos apagones para el domingo, cuando se debe celebrar el referéndum impulsado por el Ejecutivo con once preguntas, entre las que destaca el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de declarar estados de excepción.

Asimismo, otras cuestiones relevantes de este plebiscito se refieren a permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, instituir juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y flexibilizar la contratación laboral con contratos por horas.

Noboa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, luego de intempestivos racionamientos que empezaron el domingo.

Además denunció un “sabotaje” en el área eléctrica como una de las causas de los cortes, así como de los efectos del calentamiento global.

Los ciudadanos se quejaban este jueves por la desorganización en los cortes, pues no se cumplen los horarios establecidos por las empresas eléctricas y ha habido suspensiones imprevistas.

Segundo Guacho dice a la AFP que está preocupado y su plan, en caso de que la emergencia se extienda, es buscar un préstamo para comprar un generador eléctrico que le permita seguir con su negocio.

Al problema hídrico en Ecuador se sumó que Colombia dejó de venderle energía como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño, que tiene los embalses colombianos por debajo del 30% de su capacidad.

(Con información de EFE y AFP)



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