DDHH de reos, mujeres y víctimas de laguerra, ignorados por el Congreso salvadoreño

San Salvador.- El Congreso de El Salvador cerró este jueves la legislatura 2015-2018 y con ella dio portazo a reformas en favor de los Derechos Humanos, como el debate sobre la despenalización del aborto, las medidas carcelarias que la ONU considera “inhumanas” y la reparación a las víctimas de la guerra.

El último gran desplante de los legisladores, cuyo mandato concluye el 30 de abril, fue el portazo a dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto terapéutico en el país, que tiene altos índices de violación de menores y donde se ha condenado a mujeres que sufrieron abortos espontáneos.

La primera reforma al Código Penal fue presentada en octubre de 2016 por el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que, a pesar de ser un aliado de las organizaciones sociales, no había presentado una propuesta formal sobre el tema en 20 años en el Congreso.

La reforma propone incluir la salvedad de que “no es punible” el aborto realizado “con el propósito de salvar la vida de una mujer”, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro, o sea “inviable la vida extrauterina”.

La iniciativa causó revuelo y la oposición respondió con otra que penaba el aborto hasta con 50 años de prisión, las organizaciones comenzaron a presionar, pero con el transcurrir de los meses pasó a dormir el sueño de los justos.

En agosto de 2017, el diputado Johnny Wright, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se salió del redil “provida” de la derecha salvadoreña y propuso legalizar el aborto para salvar la vida de las mujeres o en casos de violación, pero no recibió el beneplácito de sus colegas de bancada.

Una de las principales voces contra estas iniciativas fue la del presidente del órgano Legislativo, Guillermo Gallegos, quien aseguró que sus compañeros de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) no votarían por sus “valores cristianos”, que no le impiden promover el paramilitarismo para combatir las pandillas ni impulsar la pena de muerte.

Gana, Arena y el Partido Demócrata Cristiano, que no se cansa de intentar blindar la Constitución contra el matrimonio homosexual, y el Partido de Concertación Nacional, hicieron bloque para sepultar las propuestas e ignorar los llamamientos internacionales a despenalizar la interrupción del embarazo.

Diversos sectores de la sociedad civil han advertido de que las mismas no tendrán ningún avance en la próxima legislatura, dado que en entre mayo de 2018 y abril de 2021, la derecha tendrá en sus manos al 70 por ciento de los diputados.

La legislación salvadoreña establece penas de entre seis meses y doce años para delitos relacionados con la interrupción del embarazo, pero los fiscales suelen acusar de homicidio agravado a las mujeres que sufren complicaciones en la gestación que dan lugar a abortos espontáneos.

Los diputados de la saliente legislatura también abandonaron a las víctimas de la guerra civil (1980-1992) al ignorar la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de crear una ley de reparación tras la anulación, en junio de 2016, de una ley de amnistía.

En julio de 2017, Gallegos volvió a ser protagonista, al presentarse a una audiencia de seguimiento y admitió sin vergüenza que crear la legislación sobre la reparación “no ha estado en la lista de prioridad” de los 84 diputados, ni lo fue después.

Los legisladores, que se ganaron el repudio social en varias ocasiones por recetarse aumentos, bonos y seguros privados, tampoco quisieron reconocer como un derecho humano el acceso al agua y encajonaron una propuesta de reforma constitucional.

La derecha y la izquierda aprobaron y extendieron en dos ocasiones una serie de medidas “extraordinarias” en las prisiones, que las Naciones Unidas catalogó de “inhumanas” y pidió constantemente su eliminación.

Esta ofensiva carcelaria a las pandillas, que comenzó en 2016, incluye la suspensión de visitas y el encierro permanente de los reos, que sumado a la sobrepoblación de las prisiones derivaron en un incremento de las muertes naturales, según datos oficiales.

La nueva legislatura tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de enmendar la plana, pero todo indica que el reparto de cuotas en la elección de magistrados del Supremo, del fiscal, del procurador general y de Derechos Humanos ocupará buena parte de su atención.(EFE).