El escándalo por compra de respiradores a España llega a los tribunales en Bolivia

La Paz (EFE).- Un caso de supuesta corrupción por el sobreprecio en la compra en España de respiradores para enfermos de COVID-19 derivó este miércoles en una investigación judicial en Bolivia, con cuatro funcionarios arrestados y el ministro interino de Salud, Marcelo Navajas, que tuvo que declarar ante la Policía.

Los respiradores para unidades de terapia intensiva llegaron la pasada semana en un vuelo especial desde la ciudad española de Barcelona y eran distribuidos por hospitales de Bolivia hasta que se conoció que su costo puede triplicar el precio real, tras lo que fueron detenidos varios funcionarios del Ministerio de Salud y la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, compareció en televisión con un breve pero firme mensaje contra la corrupción.

La Fiscalía y el Parlamento bolivianos anunciaron comisiones de investigación para estudiar si hubo responsabilidades penales y políticas, respectivamente.

Las detenciones que por ahora han trascendido son las de cuatro funcionarios del Ministerio y una agencia estatal de Salud, uno de ellos responsable del área jurídica, investigados por supuesta “adquisición irregular” en espera de “definir su situación procesal”, según la Fiscalía General del Estado.

Las oficinas del área jurídica fueron precintadas, tras secuestrarse documentación, además de investigarse si hubo participación de diplomáticos de Bolivia en España y de pedir información al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra con unos cinco millones de dólares, de acuerdo a la Fiscalía.

Los equipos fueron adquiridos a algo más de 27.000 dólares cada uno, unos 500 en total de los que 170 ya llegaron al país, tras lo que comenzaron las críticas porque su precio real puede ser tres veces menor y porque que solo valdrían para emergencias, no para terapia intensiva.

El ministro interino de Salud fue llevado a declarar por la Policía Boliviana a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, con versiones contradictorias de que acudía por su voluntad o por estar procesado.

Sin embargo, desde sectores como el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales se apunta a más responsables políticos, al margen de los funcionarios investigados, entre los que se cita a Mohammed Mostajo-Radji, nombrado por Áñez como embajador científico de Bolivia.

Evo Morales, que está en Argentina, pidió en Twitter que se investigue a las autoridades que autorizaron la compra, “no a chivos expiatorios”, y desde su partido se pide responsabilidades al consulado de Bolivia en Barcelona.

Desde que Áñez asumió el poder de forma interina en noviembre pasado hubo otras denuncias de corrupción, con intervención en empresas estatales, entre otros casos, pero este escándalo salta en un momento de descontento en parte del país por la prolongación de la cuarentena contra el coronavirus, ampliada a final de mes, y la demora en las elecciones, que estaban fijadas para el 3 de mayo pero se aplazaron sin fecha.

La Paz, 20 may (EFE).- Un nuevo caso de agresión a personal sanitario en Bolivia, que cumplía la cuarentena preventiva por el contacto con un paciente de coronavirus, ha generado que la Defensoría del Pueblo y otros entes pidan garantías y protección para los trabajadores en la salud.

Un grupo de quince profesionales de salud cumplía con la cuarentena en el municipio de Caranavi, en la región de La Paz, tras estar en contacto con el primer caso de COVID-19 en el lugar, cuando sufrió agresiones de pobladores que querían desalojarlos.

El personal de salud realizaba la cuarentena en un hotel y los pobladores llegaron para desalojarlos por miedo al contagio, según imágenes difundidas en redes sociales.

A raíz de esta agresión, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió “deponer actitudes que atenten contra la integridad del personal de salud” y demandó que el Ministerio de Salud otorgue “garantías” al personal sanitario en medio de esta pandemia.

Además recomendó que se haga un monitoreo de los ataques a los trabajadores en la salud, para responder de una manera rápida “garantizando la protección” del personal médico.

De la misma forma, el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública de La Paz (Sirmes) exigió en un comunicado al Servicio Departamental de Salud (Sedes) que se repliegue de “inmediato” el personal de salud en Caranavi ante el “violento atentado” que sufrieron, velando por su seguridad hasta que se den “las garantías necesarias para su permanencia”.

Esta agresión al personal médico se suma a otras que hubo desde que se detectó el primer contagio en marzo pasado en Bolivia, como por ejemplo en la región de Eucaliptus, en el departamento andino de Oruro, donde fue agredido por pobladores que se negaban a cumplir las medidas de bioseguridad porque aseguraban que el virus era un invento y exigían que se den los nombres de los casos positivos.

En el departamento de Cochabamba no dejaron ingresar a una doctora a su hogar porque los vecinos temían el contagio, mientras que la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, apedrearon ambulancias, entre otros casos.

Bolivia mantiene la cuarentena, aunque se flexibiliza dependiendo de su evolución en los municipios, y según el último reporte hay 189 decesos y 4.481 contagios confirmados.