jueves 18 julio 2024

Las ofertas de Evo Morales a los sindicatos ponen en apuros a los empresarios

La Paz.- Las promesas del presidente de Bolivia, Evo Morales, a los sindicatos del país sobre el aumento salarial, la doble paga de Navidad y una ley para que las firmas quebradas pasen a propiedad de los obreros han puesto contra las cuerdas al empresariado privado boliviano, que se declaró en emergencia.

Estas medidas fueron anunciadas por Morales esta semana, tras una intensa negociación con los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), aliados políticos del Gobierno.

La mayor entidad sindical del país había demandado un 10 % de incremento al salario básico y un 15 % al mínimo, mientras que el Ejecutivo ofreció inicialmente un aumento de 3,5 % y cero, respectivamente.

Los privados estaban de acuerdo con los porcentajes planteados por las autoridades, pero quedaron sorprendidos con el anuncio del mandatario de que el incremento para este año finalmente será de 5,5 % al sueldo básico y de 3 % al mínimo.

En los últimos años, los incrementos salariales dispuestos por el Gobierno de Morales han estado siempre por encima de la inflación del año anterior y se han definido mediante negociaciones en las que solo participaron los sindicatos.

Bolivia cerró la gestión pasada con una inflación de 2,71 % y su producto interior bruto (PIB) creció un 4,2 %.

Las autoridades están satisfechas con los acuerdos con la COB, porque garantizan a los trabajadores su incremento salarial y dan al Gobierno la tranquilidad de poder mantener la “estabilidad económica y el crecimiento” del país, aseguró el ministro de Economía de Bolivia, Mario Guillén.

Según Guillén, para que la COB acepte estos porcentajes, se explicó a los sindicalistas que si el aumento salarial era “muy alto”, se ocasionaría el cierre de las empresas y una disminución de la calidad del empleo.

Para la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), los incrementos son “excesivos” y provocarán “la destrucción del empleo formal en el país”.

Otro compromiso de Morales con la COB fue que este año se pagará el doble aguinaldo, un beneficio establecido en 2013 que se otorga a los trabajadores cuando el crecimiento económico supera el 4,5 % entre junio de un año y julio del siguiente.

En 2016 y 2017 no hubo esa paga porque el PIB no alcanzó a crecer hasta el porcentaje requerido.

Pero ahora el Ejecutivo boliviano confía en que se lo podrá pagar porque la economía boliviana ha mostrado una buena dinámica en el último semestre de 2017 y en lo que va del año, según Guillén.

Por su parte, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, ha detallado que el 5,5 % de incremento al salario básico significará para los empresarios un gasto extra de 268,5 millones de dólares y el 3 % al mínimo otros 4,5 millones.

“El doble aguinaldo, en caso de darse, significará 406,6 millones de dólares. Todo esto tiene una incidencia en el bono de antigüedad de forma directa, que significará 1,1 millones más para el sector privado”, indicó Nostas.

En total, el sector requerirá unos 680,7 millones de dólares para cubrir estos beneficios, que deben sumarse a otros gastos como los subsidios natales y prenatales.

Las consecuencias podrían no ser inmediatas, pero a la larga habrá empresas que no podrán sostener estos gastos, lo que derivará en su cierre o en su paso a la informalidad, advirtió Nostas.

“La informalidad en Bolivia es tremendamente alta, no ha habido ninguna variación en los últimos años, y con este tipo de medidas, lo único que hacemos es fomentar que siga creciendo”, lamentó.

Pero la medida que más preocupa a la CEPB es la llamada Ley de Creación de Empresas Sociales, que ya ha sido aprobada en el Legislativo, de mayoría oficialista, y será firmada el 1 de mayo por Morales junto con el decreto que fija los aumentos salariales.

El presidente del Senado, el oficialista José Alberto Gonzales, ha defendido que esta norma apunta a garantizar el empleo de los trabajadores ante casos de quiebra o liquidación de firmas privadas.

Sin embargo, el empresariado considera que atenta contra la propiedad privada y fomentará la “confrontación” entre empleadores y obreros, por lo que anticipó una batalla legal para evitar su aplicación.

Para los empresarios, primó el cálculo político antes que un análisis económico al definir estas medidas, tomadas en un año preelectoral, por lo que anunciaron que revisarán su relación con el Gobierno.(EFE).


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