sábado 05 octubre 2024

Sacudida política en Ecuador por inseguridad en la frontera con Colombia

Quito.- El deterioro de la seguridad en la frontera con Colombia ha provocado una sacudida política en Ecuador con la renuncia de dos ministros, al cumplirse el plazo dado por el jefe de Estado, Lenín Moreno, para que se capturara a alias Guacho, a quien se le atribuyen atentados, secuestros y asesinatos en la divisoria.

Al ministro del Interior, César Navas, y a su colega de Defensa, Patricio Zambrano, el presidente Moreno les aceptó la renuncia un día después de que venciera el plazo dado por el gobernante para capturar a ese disidente de las FARC.

En su lugar, Moreno designó a Mauro Toscanini y Oswaldo Jarrín para ocupar las carteras del Interior y Defensa, respectivamente.

El nuevo ministro del Interior es un ingeniero comercial y ha ejercido como rector de la Universidad Católica de Guayaquil; mientras que el de Defensa es un exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ha ocupado ya el cargo de ministro de Defensa entre 2005 y 2006.

La semana pasada, el presidente ecuatoriano exigió responsabilidades a los titulares de los ministerios del Interior y de Defensa y anunció que si no le traían a alias Guacho en 10 días, esperaba que ellos dieran “un paso al costado”.

A Walter Patricio Arizala, alias Guacho, se le atribuyen ataques en el norte del país ocurridos desde el pasado 27 de enero, cuando estalló un coche bomba cerca de una estación de policía, dejando 28 heridos leves.

Tras ese suceso, otros ataques con explosivos dejaron cuatro militares fallecidos y otros heridos.

A él también se le adjudica el secuestro y asesinato en cautiverio de un equipo periodístico del diario El Comercio, de Quito.

Desde el pasado 26 de marzo, cuando fue secuestrado el equipo periodístico, Navas estuvo al frente del caso, que terminó en tragedia con el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.

Además, apenas cuatro días después de confirmarse el asesinato del equipo de prensa, Navas informó de otro secuestro, esta vez de los ecuatorianos Oscar Villacís y Katty Velasco, también en la zona fronteriza con Colombia y presuntamente a manos de alias Guacho.

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinato, opinó en declaraciones a Efe que la decisión de Moreno respecto a Navas y Zambrano respondió “a la presión social y la indignación que existe en el pueblo ecuatoriano por el mal manejo de este caso”.

Supuso que con la medida, Moreno pretende “oxigenar y darle más tranquilidad al suceso”, pero insistió en que no descansarán hasta lograr conocer la verdad sobre el asunto.

Indicó, asimismo, que los familiares de las víctimas esperan tener una reunión con los reemplazos de los ministros a quienes les pedirán “celeridad” en las investigaciones.

La dimisión de los ministros se produjo un día después de cumplirse un mes del secuestro del equipo de prensa, sin que sus familiares hayan conseguido información clara ni sobre el proceso para el rescate ni sobre el paradero de sus cadáveres.

Los familiares de los integrantes del equipo de prensa reclaman por las inconsistencias en las declaraciones de Navas durante el proceso y exigen saber por qué no se contrató un equipo internacional e interdisciplinario para las negociaciones con los secuestradores.

Esperan también que les informen si existió un negociador, su experiencia y qué negociaba, y quieren conocer las acciones que hizo la Cancillería para manejar la crisis de forma binacional, pues se conoció que los secuestrados estaban en territorio colombiano.

Ricardo Rivas recordó hoy que la salida de Navas del cargo no lo exime de responsabilidades, por lo que sostuvo que los ministros deberán acudir a rendir declaraciones en caso de ser requeridos en el proceso de investigación.

Pero los familiares no solo tienen interrogantes sobre los sucesos ocurridos desde el 26 de marzo sino también sobre el futuro.

Exigen, por ejemplo, conocer cuál va a ser el canal de comunicación con el Gobierno, pues la noticia de la muerte del equipo “no constituye un punto final en este proceso y la rendición de cuentas a las familias debe continuar. Exigimos saber la fecha exacta de su muerte”, dijeron al mes del secuestro.

También piden a las autoridades de Ecuador y Colombia que dispongan las garantías para que el grupo de investigación internacional e independiente pueda trabajar en territorio ecuatoriano y colombiano para esclarecer el caso.(EFE).


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